Al tercer debate de los candidatos a la presidencia, que se celebró ayer en Mérida, se llegó en medio de dos realidades que resultan fundamentales, para entender la fase final de la campaña: el pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y la operación de Estado orquestada desde Los Pinos en contra de Ricardo Anaya.
Las evidencias del pacto entre el candidato de MORENA-PT-PES y el presidente se multiplican en la medida que avanza la campaña. Ahí están las reiteradas declaraciones públicas de López Obrador de que nunca, de ganar la presidencia, llevaría ante la justicia al presidente por supuestos actos de corrupción.
Esta decisión, de quien dice luchar contra la corrupción y la impunidad, se explica en el marco de un pacto. Que para fines prácticos se traduce en que Peña Nieto facilita el camino a la presidencia a López Obrador y éste, a cambio, le asegura que no habrá investigación por actos de corrupción. A él y sus allegados, por adelantado, les garantiza la impunidad.
Es también parte del pacto que el PRI y MORENA, antes de terminar el periodo ordinario de la actual legislatura, votaron por igual leyes y eligieron, de mutuo acuerdo, a funcionarios públicos, para ocupar distintos cargos. Es notable la elección conjunta del nuevo responsable de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien será el que analice la cuenta pública del último año de la gestión de Peña Nieto.
A lo anterior se añade la cerrada defensa de Yeidckol Polevnsky, presidenta de MORENA, de funcionarios del PRI como Alejandro Gutiérrez, hoy en la cárcel, a quien se probó haber lavado más de 250 millones de pesos de recursos públicos, para canalizarlos a las campañas del PRI, y de Raúl Cervantes, que el presidente quería fuera nombrado como fiscal para encabezar el Sistema Nacional Anticorrupción. A esta maniobra de Los Pinos, las organizaciones ciudadanas la llamaron “El fiscal carnal”.
Cervantes como encargado de la PGR nunca investigó los recursos que la constructora Odebrecht metió a la campaña de Peña Nieto, que documentaron con precisión voceros de la misma empresa y organizaciones de la sociedad civil. Él como procurador se vio envuelto en la evasión del pago de impuestos por la compra de un Ferrari que le costó millones de pesos.
A la operación de Estado contra Ricardo Anaya, que inicia el pasado jueves, con la distribución de un video que reproduce mentiras de hace cuatro meses (El Economista, 11.06.18), se añadió, un día antes del debate, la denuncia ante la PGR del senador panista Ernesto Cordero, amigo del candidato José Antonio Meade y que desde meses atrás trabaja para el PRI. El senador actúa como un alfil del gobierno.
De aquí a que termine la campaña vamos a tener más evidencias del pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Por todos lados dejan huellas. Y también habrá nuevos golpes contra Anaya en el intento, desde el Estado, de impedir que pueda ganar la elección. El ha dicho, en contrario de López Obrador, que de llegar a la presidencia pediría a una fiscalía autónoma que investigue los supuestos actos de corrupción del presidente y de ser el caso que actúe en consecuencia.
Rubén Aguilar Valenzuela
Twitter: @RubenAguilar