Montgomery, Alabama.- El fiscal estatal de Alabama interpuso una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos, impugnando una práctica tradicional de incluir a los inmigrantes que viven en el país de forma ilegal en los conteos de la Oficina de Censo del país que se utilizan para determinar los distritos electorales.
En la denuncia interpuesta el lunes, el fiscal estatal Steve Marshall argumentó que los números pronosticados para el censo de 2020 ocasionarán que Alabama pierda un escaño en el Congreso y, por consiguiente un voto electoral, ante un estado con una mayor “población extranjera ilegal”. Junto con el estado, el representante Mo Brooks, de Alabama, es una de las partes acusadoras en la demanda en contra el Departamento de Comercio de Estados Unidos y contra la Oficina de Censo.
El incluir a todos los residentes de Estados Unidos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en el censo _que también determina el número de escaños en el Congreso para cada estado_ ha sido una antigua práctica. En 2016, la Corte Suprema falló en contra de dos residentes de Texas que argumentaron que sus votos se vieron diluidos por la práctica de utilizar a “toda la población” para trazar las líneas del distrito legislativo.
“Como comprendieron los autores de la Constitución y de la Decimocuarta enmienda, los representantes sirven a todos los residentes, no solo a aquellos elegibles o registrados para votar”, dictaminó la corte.
No obstante, Alabama busca declarar como inconstitucional la práctica. El estado alega que viola los estatutos vigentes que “solicitan una enumeración censal del total de la población residente legalmente presente”.
“Los escaños en el Congreso deben ser distribuidos con base en la población de ciudadanos estadounidenses, no de extranjeros que están aquí de forma ilegal”, dijo Brooks en un comunicado. “Después de todo, esto es Estados unidos, no las Naciones Unidas”.
