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Circula presunta carta de Tarín y Villegas dirigida a Corral

Por: Redacción | 16 de mayo, 2018 - 07:30 | Chihuahua |
Cortesía

Chihuahua.- Una supuesta carta hecha por Antonio Tarín y Gerardo Villegas, exfuncionarios de la pasada administración acusados del desvío de 250 millones de pesos, llegó a los medios de comunicación ayer por la tarde.

En tal, explican en su defensa que el gobernador Javier Corral no tiene pruebas suficientes para sustentar las acusaciones en mención y falta de acató a las disposiciones del gobierno federal.

El siguiente texto fue entregado a Net Noticias:

Después de los hechos acontecidos el día viernes 11 de mayo del 2018 y ante las declaraciones de quien se ostenta como gobernador del Estado, es nuestro derecho precisar algunas de las manifestaciones distorsionadas hechas por él, en un ejercicio de defensa de nuestra persona y de los procesos que enfrentamos.

En semanas pasadas, el Juez Federal Gerardo Moreno García, consideró que los hechos que originaron la causa penal 780/2017 (investigación del presunto desvío de 250 millones de pesos) en donde se nos involucra, eran de competencia federal y debían de ser juzgados en ese ámbito.

Desde entonces, el señor Javier Corral Jurado, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un afán de justificar el actuar ilegal de su administración, ha violentado la ley y el principio de la división de poderes, abusando de sus facultades y solapando desacatos como los del Director del Penal de Aquiles Serdán, quien en 4 ocasiones se ha negado a dar cumplimiento a lo ordenado por una autoridad federal.

En esta novela que el propio Corral ha ido escribiendo a su manera es importante precisar que el Poder Judicial del Estado ha solapado esta venganza inventando audiencias sin sustento jurídico  y violentando nuestros derechos humanos en repetidas ocasiones.

La primera de ellas dentro de este conflicto, fue cuando sin justificación legal alguna, el Juez de Control de Chihuahua celebró una audiencia para pronunciarse sobre su inconformidad de habérsele inhibido para seguir conociendo de los hechos por ser incompetente, con la única intención de que el Tribunal Colegiado de Chihuahua fuera el que conociera del conflicto competencial y resolviera así a favor de los intereses del Gobernador.

No obstante lo anterior, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, previo a que Corral obtuviera su objetivo, resolvió que el Juez competente para conocer la causa penal del desvío de los recursos que iban supuestamente dirigidos al PRI, era el Juez Federal, haciendo la aclaración de que lo hizo en el plazo establecido en la Ley de Amparo, y no en un tiempo record como falazmente lo dijo públicamente el Señor Corral. Incluso el Gobierno de Chihuahua interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del Colegiado, siendo que este medio de impugnación es improcedente. Esto evidencia que ni Corral ni sus asesores conocen de leyes y mucho menos están dispuestos a cumplirla.

Posteriormente y como mencionamos con anterioridad, el Juez Federal solicitó ya en 4 ocasiones al Director del Penal que nos pusiera a disposición del Penal Preventivo Varonil Norte, requerimientos que evidentemente no han sido cumplidos ya que el Director actúa bajo el manto de la ilegalidad con el que Javier Corral cubre a cualquiera que decide apoyarlo en su venganza política contra sus servidores.

Son precisamente diversas autoridades del gobierno del estado y del poder judicial, las que han decidido realizar todo tipo de actos desesperados para evitar nuestro traslado entre los que se encuentran:

1. Un juicio de amparo promovido por el Director Jurídico De la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, Pedro Oliva, en donde se le otorgó una suspensión para que no fuéramos trasladados y misma que fue revocada por un Tribunal Colegiado, por un recurso de queja interpuesto por nuestra defensa donde se evidenció que nuestro traslado no afecta de ninguna forma su derecho como “víctima”. Demostrando una vez más su inexistente conocimiento del Derecho.

2. El más grave y violatorio de todos estos intentos fue el pasado miércoles 9 de mayo a las 22:00 hrs cuando nos fue notificada una audiencia por el Juez de Control Alexis Ornelas, donde a través de la causa 4094/2017 misma en la que no estamos vinculados y que pertenece a diverso imputado y que de acuerdo al citatorio era para discutir nuestro traslado.

Esta audiencia tenía lugar al día siguiente a las 14:00 hrs, por lo que la notificaron 17 horas antes, sin tomar en consideración las 48 hrs en las que por ley debe de notificar a abogados defensores. 

Así pues fuimos trasladados para dicha audiencia donde al no haber sido notificados con tiempo, ninguno de nuestros defensores pudo acudir y nos fueron impuestos (a pesar de manifestarle en repetidas ocasiones nuestra negativa) los abogados de oficio. Por lo que resulta incongruente y risible que el debate sobre nuestro traslado en una causa donde no tenemos ninguna participación, se estaba llevando a cabo entre puras partes pertenecientes y afines a los intereses del señor Javier Corral Jurado.

Al hacer uso de nuestra palabra cuestionamos al Juez Ornelas sobre el sustento jurídico de dicha audiencia quien no nos pudo dar una respuesta apegada al derecho y solo argumentando la “urgencia” con la que debía responder el director al Juez Federal. Es decir, antepuso esa urgencia por encima del derecho de cualquier imputado a tener una legítima defensa. Pero tal parece que ese derecho nos sigue siendo negado a nosotros por el carácter de ex funcionarios de la pasada administración.
 

Respecto a estos actos ilegales el señor Corral no realizó un video, ni un pronunciamiento en redes sociales, mantuvo un silencio como lo ha hecho ante las más de 2500 muertes en el estado y su inoperante estrategia de seguridad. Incluso guarda silencio él y las autoridades para decir que nos mantuvieron incomunicados por más de 24 horas para que no pudiéramos avisar a nuestras familias y a nuestros abogados sobre la audiencia que se llevaría a cabo, al grado de tener que promover un juicio de amparo ante esta incomunicación que no es la primera vez que la vivimos.

3. Promovieron también un juicio de amparo en la Ciudad de México con el que pretendían que se le diera una intervención a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima en el proceso penal y con el que buscaban suspender la audiencia del pasado viernes 11 de mayo, sin embargo les fue nuevamente negado ante la inexistente argumentación jurídica de su acto reclamado y no pudieron cumplir con su objetivo.

4. El viernes 11 de mayo aproximadamente a las 20:50 hrs y ante la presencia de Carlos Emmanuel Aguirre, abogado defensor del Señor Jaime Herrera, la audiencia concluyó y en menos de 10 minutos, en un operativo nunca antes visto (incluso en una entidad que es azotada por los asesinatos) más de 60 unidades de la Policía Estatal, elementos de la Ministerial y unidades de vialidad, cercaron alrededor de 3 cuadras a la redonda los accesos al edificio del Poder Judicial Federal en esta ciudad, evidenciando la intervención y el uso de la fuerza en nuestro traslado, habiendo testigos de que policías estatales querían irrumpir en el edificio para secuestrarnos y traernos al Cereso de Aquiles Serdán de manera arbitraria y contraria a la orden del Juez Federal. 

Es importante mencionar que los responsables de nuestra custodia en todo momento era la Policía Federal, nunca, bajo ninguna circunstancia fue responsabilidad de la policía estatal el trasladarnos de regreso al penal o bien asistir a la policía federal en nuestro traslado y custodia. Así pues cumplieron su objetivo poniendo en riesgo a todos los civiles, violando nuestros derechos humanos actuando más como una banda de secuestradores que como autoridades. Pero de esto tampoco escuchamos nada en el comunicado del señor Corral.

 

Hemos sido utilizados como la bandera política y electoral del Señor Corral y de su administración al no poder dar resultados contundentes ante los problemas del Estado de Chihuahua. Es incapaz de mencionar que todos los asuntos relacionados con nosotros y otros ex servidores públicos, son manejados por solo 8 de los 18 jueces que existen en el Distrito Judicial de Morelos. Todos ellos subsanando las deficientes actuaciones de los Ministerios Públicos y con resoluciones hechas a conveniencia del Ejecutivo.

Tampoco menciona que al día de hoy el Juez de control de Chihuahua no ha enviado la totalidad de la causa penal 780/2017 al Juez Federal por el miedo de que las irregularidades con las cuales hemos sido vinculados a la misma, salgan a la luz. 

Dentro de la información que ocultan destacan los sobres lacrados con la identidad de los testigos con identidad reservada por miedo a que se descubra la justicia selectiva con la que han actuado con los verdaderos culpables y la ilegalidad de sus testimonios. Mencionando incluso que es la Suprema Corta de Justicia de la Nación quien actúa ilegalmente, cuando él ejerce un control total y amenazante sobre el poder judicial del estado de Chihuahua.

Al señor Corral le da miedo que seamos sometidos a un proceso justo y bajo los términos que marca la ley. Porque aunque les ha vendido una historia a los chihuahuenses, la realidad es que no han obtenido ninguna sentencia condenatoria por los temas de Justicia para Chihuahua y los juicios abreviados a los que sometieron a otros han sido por la presión de declarar falsedades y la negociación económica, no por las buenas investigaciones y el actuar ético de sus ministerios públicos y de sus jueces. 

Le da miedo también que se descubra la ilegalidad con la que le otorgaron un criterio de oportunidad al responsable del recurso público en la pasada administración, el ex secretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral, quien pasea libremente por la ciudad, pese a existir una prohibición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales a no brindarlos cuando éstos vayan en contra del interés público… más no en contra de los intereses del Señor Javier Corral Jurado.

Para finalizar, deseamos manifestar que aunque ya lo hemos denunciado ante las autoridades pertinentes y en repetidas ocasiones, la tortura a la que somos sometidos desde hace un año continúa y desde el operativo del viernes se ha intensificado.

Estas declaraciones las hacemos con el fin de exhortar al Señor Corral a que se conduzca con la verdad, a que deje su capacidad histriónica y tome con seriedad su trabajo como gobernador del estado: Deje de violentar el principio de la división de poderes, actúe con respeto a nuestros derechos humanos y a los de todos los chihuahuenses que le exigen que así como montó un operativo para impedir la ley, lo haga para brindar seguridad en nuestro Estado.

Esto lo manifestamos porque tenemos un año guardando silencio con el miedo de que atenten contra nuestras familias y contra nosotros, pero el miedo fortalece la mentira. Y porque hasta el día de hoy nos encontramos secuestrados por el gobierno del estado de Chihuahua, quien ha dado firmes instrucciones a custodios del Cereso de disparar contra todo aquel que quiera dar cumplimiento a la orden del juez Gerardo Moreno García

Por ello, exhortamos a los medios de comunicación y al público en general para que obliguen al señor Javier Corral y a sus funcionarios a conducirse con pruebas y con documentación que sustente las acusaciones que realiza respecto a la confabulación de la que ha hablado en nuestros procesos. Chihuahua no está ya para cuentos y novelas, está para el trabajo y exige gobernantes que estén a la altura de sus necesidades. Lo que no puedan ganar en los juzgados no pretendan ganarlos con la descalificación mediática.