Entre las funciones tradicionales del periodismo ya conocidas, informar, orientar y entretener, a nuestro juicio, destacan dos tareas más trascendentes: formar opinión y, sobre todo, educar con valores y principios universales.
En tales condiciones, por tanto, es obligación de los periodistas, no solo anunciar la Buena Nueva y denunciar las injusticias, sino ante todo plantear opciones de solución, por lo cual nos permitimos hacer esta propuesta.
Ante la bomba de tiempo que entraña el estallido de los frecuentes conflictos agrarios es vital, es decir, es asunto de vida o muerte y urgente que el Congreso del Estado legisle para crear la Secretaría de Asuntos Agrarios.
La atención permanente de la Secretaría General de Gobierno, responsable de la política interior del Estado, distrae y dispersa la prioridad eminentemente política que tiene que garantizar la gobernabilidad de Oaxaca.
Ello no significa, de ninguna manera que los conflictos agrarios no incidan en la gobernabilidad y gobernanza a grado tal, de complicarla cotidianamente, por su grave magnitud y dimensión en el amplio territorio oaxaqueño.
El diagnóstico es muy revelador, a partir de nuestra singular realidad: Oaxaca tiene una marcada diversidad social, política y agraria en la existen 777 ejidos, setecientas once comunidades y catorce colonias agrícolas.
Esta realidad prohíja una conflictiva que se manifiesta en sus 570, en los 16 pueblos indígenas con su pluralidad lingüística un territorio de 94 mil kilómetros cuadrados, que se divide en ocho regiones socioeconómicas.
A la fecha, existen 365 conflictos agrarios, en su mayoría por límites, 33 de ellos de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 228 de bajo riesgo. En materia agraria, cualquier asunto puede convertirse al instante de alto riesgo.
Como es por demás sabido, la conflictividad agraria ha tenido y puede tener como consecuencia la muerte de los habitantes de esas comunidades, daños materiales y abandono de la tierra, y por ende improductividad y pobreza.
Somos un estado eminentemente rural, indígena y campesino, con problemas agrarios tan añejos que alcanzan en promedio 50 años de existir. La atención de los problemas por la Junta de Conciliación Agraria, es insuficiente.
De ahí que el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, y la presidenta de la Junta de Coordinación de la LXIII Legislatura, María de las Nieves García, propongan la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
Con imaginación y creatividad los grandes males de Oaxaca, deben enfrentarse, atenderse y fundamentalmente solucionarse con grandes remedios, con pleno respeto al Estado de Derecho y a las leyes que de este derivan.
A contrapelo de la tendencia nacional impulsada por el Gobierno Federal de no dar prioridad a la solución de los conflictos agrarios, es imperioso crear una instancia local que atienda esta necesidad de tiempo completo.
El enfrentamiento entre San Miguel y San Pedro Cajonos por la posesión y explotación de los bosques, revela que la problemática agraria en el estado requiere mayor atención para evitar que los odios se desborden.
Al margen de avanzar en su solución definitiva, con la participación y decidida intervención de las comunidades.
La disputa por la tierra y sus vastos recursos naturales, sobre todo, forestales, sigue siendo una de las causas que más muerte provoca entre los oaxaqueños, a pesar de que muchos problemas tienen décadas de estar vigentes.
Comuneros de las comunidades de San Pedro El Alto, agencia municipal de Zimatlán de Álvarez, y Santiago Textitlán, municipio Villa Sola de Vega, se disputan la posesión de 2 mil 239 hectáreas de bosques.
Los habitantes de San Pedro El Alto argumentan que mediante una resolución presidencial de 1954, se les dotó de esas tierras, sin embargo las autoridades de Santiago Textitlán señalan que tienen un título de posesión de 1719.
Por lo tanto, no están invadiendo las tierras, sino intentándolas recuperar, ya que la resolución carece de actas de conformidad de esa localidad y de comunidades circunvecinas con quienes no se firmó ningún convenio, por lo que han iniciado una lucha jurídica por la defensa de sus tierras.
Este conflicto ha generado enfrentamientos, amenazas, corte de servicios públicos y de accesos viales, retenciones de funcionarios, heridos y muertos. El gobierno estatal busca establecer una mesa de atención para ofrecer una solución negociada al litigio.
Otro conflicto agrario se da entre indígenas de las comunidades de Santa María del Mar y San Mateo del Mar, en el municipio de Juchitán, por la posesión de mil 361 hectáreas de cultivo, exigen a las autoridades agrarias dar certidumbre en la tenencia de la tierra.
Derivado de este asunto, San Mateo del Mar bloqueó el único camino terrestre que comunica a Santa María del Mar, asimismo le cortó el suministro de energía eléctrica.
Indígenas de Santa María del Mar señalan que en agosto de 1984 el Presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento y titulación de 3 mil 773 hectáreas como bienes comunales de esa localidad.
Entre los conflictos más álgidos en las regiones destaca el de Cuilápam de Guerrero y San Pablo Cuatro Venados por dos mil 585 hectáreas en disputa, además de la invasión de 800 hectáreas por San Pablo Cuatro Venados.
Las comunidades de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Cotzocón, ubicadas en la región Mixe, protagonizan reiterados enfrentamientos por la posesión y reconocimiento de una superficie de 4 mil 125 hectáreas.
Las presiones y chantajes de 425 organizaciones sociales echan gasolina al fuego en muchas de las comunidades con problemática agraria, amén de exigir dinero como parte de las demandas planteadas al Gobierno del Estado.
Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindoo, en la Sierra Sur, se enfrentan por la posesión y usufructo de una superficie de 1 mil 090 hectáreas que legalmente pertenecen a la primera, pero en posesión de la segunda.
Asimismo, Santiago Amoltepec disputa con Santa Cruz Zenzontepec 1 mil 700 hectáreas las cuales le pertenecen legalmente a Zenzontepec, pero cuya mayor superficie está en posesión de campesinos de Santiago Amoltepec.
Otro conflicto más es el que viven Santiago Amoltepec contra Santa María Zaniza por 2 mil 003 hectáreas que Amoltepec pretendía y que le fueron reconocidas y tituladas a la comunidad de Santa María Zaniza.
No basta que a los conciliadores agrarios, se impartan cursos para la formación de mediadores especializados, dotados de las herramientas necesarias para lograr la solución de los conflictos que atiendan en las comunidades.
Los cientos de reuniones conciliatorias y trabajos técnicos han permitido firmar convenios definitivos de conciliación agraria, con cientos de kilómetros lineales de linderos y de cientos de hectáreas en conflicto.
Son ya tierras que laboran en paz. En los últimos siete meses de 2017, gracias a la voluntad y disposición de las comunidades agrarias, y al trabajo de los integrantes de la Junta de Conciliación Agraria, se resolvieron varios asuntos.
Entre otros, destacan la solución a los conflictos de Santo Tomás Quieri y Santa Catalina Quieri, que estuvieron en disputa durante 50 años; de igual forma ocurría con Yaxe y San Pedro Taviche en pugna por 50 años.
La disputa de San Isidro Lagunas con Santo Tomás Texas duró 35 años. San Isidro Lagunas y Cerro Mirador no habían llegado a un acuerdo hace 30 años. San Francisco Cahuacua y San Mateo Sindihui se habían enfrentado por 40 años.
Este último asunto, justo como lo ha mencionado Héctor Anur Mafud, en un instante se convirtió en un conflicto de gravedad que produjo lamentablemente la pérdida de dos vidas humanas: una persona de cada pueblo.
Estas ante el alto y costo del conflicto que vivían, ambas comunidades, haciendo uso de la sabiduría que caracteriza a nuestros pueblos indígenas, y gracias al trabajo de la Secretaría General de Gobierno, impusieron la paz y manifestaron su vocación por la conciliación.
Detrás de la Noticia
Alfredo Martínez de Aguilar
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@efektoaguila