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Libertad de expresión y la nueva dictadura de las redes

Por: Luis Carlos Ortega | 19 de abril, 2017 - 05:36 | Opinión |

"No estoy de acuerdo con lo que dices,

Pero… ¿defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo?"

Paráfrasis de la frase atribuida

a François-Marie Arouet “Voltaire”

Corría el año de 1977 en la pequeña y pintoresca comunidad de Skokie, ubicada en el condado de Cook en Illinois, Estados Unidos.

El poblado en ese entonces representaba una especie de “tierra prometida” y un refugio ideal para la gran comunidad judía que, en busca de evadir el efecto del zarpazo emocional del holocausto y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, había llegado a asentarse ahí desde inicios de los años 50.

Tal vez por tratarse de un enclave representativo en número y en simbolismo con la causa judía de la posguerra, Frank Collin, fundador del Partido Nacional Socialista de América (NSPA), escisión muy poco representativa en número del Partido Nazi de América (ANP), tuvo la idea de realizar una manifestación en la hasta entonces tranquila población de Skokie.

Collin decidió hacerlo  aprovechando la negativa que las autoridades de Chicago tuvieron para su petición de efectuar en esa ciudad un acto de celebración con motivo del cumpleaños de Hitler.

El hecho que tal vez habría pasado tan desapercibido como otros intentos ulteriores del nacionalsocialismo en Estados Unidos y otras partes de Europa Occidental, motivó sin embargo una larga controversia en los medios de entonces.

Una vez decretada la prohibición para el evento por parte de las autoridades de Skokie que calificaron la iniciativa de Collin como una inaceptable provocación,  éste buscó acogerse al marco de las libertades estadounidenses apelando a la Primera Enmienda Constitucional que consagra la libertad de reunión y de expresión.

El NSPA acudió entonces a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), principal organización de defensa de minorías en Estados Unidos, para que ejerciera su derecho de defensa ante la Justicia, en circunstancias que pusieron en jaque la institucionalidad civil norteamericana.

La opinión pública norteamericana  se debatió por largo tiempo entre su inclinación por defender la democracia, frenando la iniciativa de quienes con su ideología atentaron contra ella, o por el contrario, verse obligada a permitirles desfilar en aras de respetar la libre manifestación de las ideas expresada en la Primera Enmienda.

El encargado de defender la causa nazi en el marco de discusión que representó el hecho de decidir si los símbolos y el discurso del odio debían de ser permitidos en un sistema de libertades, fue el abogado David Goldberger, de origen judío, quien tuvo que enfrentar el repudio de su propia comunidad durante el largo juicio.

Al final de cuentas Goldberg pudo inclinar la balanza a favor del NSPA, manteniendo incólume el mandato constitucional y forzando a las autoridades norteamericanas a diseñar nuevos esquemas legales que pudieran normar posteriores situaciones de confrontación entre el derecho a la libertad de expresión, y la oposición social a los considerados discursos de odio.

Cabe señalar que una vez lograda la autorización y obtenida una valiosa publicidad para su causa, el NSPA no obstante desistió de su intención de hacer su marcha en Skokie, pues finalmente  las autoridades de Chicago dieron marcha atrás en su negativa inicial, otorgando el permiso a Collin para realizar su acto en aquella ciudad.

Lo anterior viene a colación porque en los años recientes ha crecido la polémica en torno a la exigencia de poner límites a la libertad de expresión en los diversos medios de comunicación, en aras de mantener “lo políticamente correcto” por encima de los discursos atentatorios contra los calificados derechos de las minorías.

Un caso controversial relacionado con esto es el referente al abrupto cierre del programa “Sentido Contrario” del académico Marcelino Perelló, perteneciente a la barra de programación de Radio UNAM, hecho que se dio varios días después de la oleada de protestas derivadas de los ya muy conocidos y desafortunados comentarios de Perelló, referentes al caso Dafne y los Porkys.

A nivel de redes sociales, las expresiones de Perelló respecto al caso de violación perpetrado contra una menor de edad por un grupo de juniors de Oaxaca, ha propiciado un encendidísimo debate en torno a la factibilidad de poner límites a la libre expresión de las ideas, al punto que hasta la propia CNDH, primera instancia defensora de los derechos humanos en el país, condenó las palabras del ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968.

Si bien es cierto que lo expresado por el académico fue falto de sentido común, carente del conocimientos suficientes en el tema legal ( violación es todo acto de tipo sexual no consentido haya o no cópula de por medio) y auténticamente de mal gusto, como muchos otros de sus comentarios que identifican su estilo irreverente y provocador, la reacción derivada de ello a nivel de redes sociales pesó enormemente para la toma de una decisión que en términos muy fríos, constituye un peligroso antecedente para la causa de las libertades.

Lo expresado al aire por Perelló debió haber sido confrontado y contra argumentado en la misma tesitura en que ocurrió y no censurado y cancelado en términos tan perentorios, pues nos guste o no, todo régimen que se precia de ser democrático representa un sistema de libre discusión de las ideas, de debate público, de confrontación de criterios, y sin espacio para la censura.

Perelló debió ser, eso sí, obligado por los lineamientos de la UNAM a aceptar un debate abierto con otros pareceres respecto al tema del que libremente se expresó, y probar sus afirmaciones o reconocer sus fallos y ser exhibido pero en el marco de una discusión inteligente con conocedores del tema y con argumentos bien cimentados.

No me cabe duda que perder una discusión de este tipo hubiera puesto en entredicho sus conocimientos ante la opinión pública, y lo habría avergonzado lo suficiente en su amor propio como para permitirse caer en errores similares en posteriores intervenciones.

Preservar ante todo la libertad de expresión, y a la vez establecer esquemas para hacer responsables de sus palabras y de sus errores ante la opinión pública a quienes se equivoquen en el ejercicio de la misma, pero no en el marco de la censura y la prohibición,. Eso es a mí entender, lo que debe ser la regla.

No a la dictadura de las redes.

Por Luis Carlos Ortega