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Cubre impunidad a Vargas Varela en venta de plazas

Por: Alfredo Martínez de Aguilar | 07 de abril, 2017 - 05:49 | Opinión |

Por qué se libra orden de aprehensión contra los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa de Veracruz y César Duarte Jáquez de Chihuahua y no contra Gabino Cué Monteagudo, cuando extraoficialmente se estima que el saqueo en Oaxaca puede ascender a 30 mil millones de pesos.

Asimismo, está preso el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y se continúa deteniendo a sus cómplices, pero en Estados Unidos, mientras se investiga a otros tantos ex gobernadores como Roberto Borge Angulo de Quintana Roo.

Las cosas se complicaron para el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías porque también su hijo Guillermo Padrés Dagnino, fue detenido por los mismos delitos de su padre, defraudación fiscal y lavado de dinero, que también pueden tipificarse en el caso de Gabino.

Además, Guillermo Padrés Dagnino, es acusado de operar con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los demás gobernadores rateros deben poner las barbas de sus hijos y demás familiares a remojar porque, si hay voluntad política, el largo brazo de la ley les puede alcanzar.

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora, cuyo titular es Odracir Ricardo Espinoza Valdez, informó que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador de extracción panista.

El ex Secretario de Hacienda en Sonora, Carlos Manuel Villalobos Organista, fue detenido por la policía de San Diego, Estados Unidos, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) su búsqueda, arresto y extradición.

Villalobos Organista está acusado de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades en el servicio público, que cometió durante la gestión del ex Gobernador Guillermo Padrés Elías, por los cuales fue inhabilitado del ejercicio público por 10 años y exhortado a pagar una multa de casi 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, el ex funcionario es presunto responsable de daño patrimonial por más de 600 millones de pesos, que afectó el presupuesto del estado en los rubros de infraestructura, educación, seguridad y salud.

En los próximos días se espera la extradición a México del ex Secretario de Hacienda del norteño estado de Sonora para ser juzgado por las autoridades del país.

La Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías de Sonora, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz han investigado, cada una según sus atribuciones, a más de 250 personas relacionadas con ex gobernadores señalados por malos manejos de recursos, dieron a conocer funcionarios federales.

Como parte de sus indagatorias, la PGR ha solicitado, hasta el momento, la aprehensión de los ex mandatarios de Sonora y Veracruz, Guillermo Padrés Elías, quien se encuentra preso y Javier Duarte de Ochoa, quien sigue prófugo presuntamente protegido desde el poder federal.

Los funcionarios consultados comentaron que la PGR analiza diversas denuncias contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; este último fue acusado por presuntamente vender tierras que pertenecen a la reserva territorial del estado.

La Procuraduría General de la República fue alertada en su momento, por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las supuestas malas actuaciones de algunos ex servidores públicos.

Durante las gestiones de César Duarte, Javier Duarte y Roberto Angulo se crearon fiscalías anticorrupción a modo, lo que llevó a la PGR a promover acciones de inconstitucionalidad en las que impugnó las modificaciones aprobadas en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, con las que se pretendían blindar los ex mandatarios.

Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, que permitía fiscalías, contralores y magistrados a modo; en Quintana Roo, el congreso local ajustó sus leyes a la Constitución.

Los funcionarios federales señalaron que la situación más crítica se detectó en Veracruz, donde Javier Duarte presumiblemente orquestó una red, a través de prestanombres y empresarios, para invertir los recursos que pertenecían al gobierno estatal; el dinero no solo fue a parar a empresas fantasma, residencias en México y el extranjero, sino que se cree que hasta en plantaciones.

Por esa razón son investigados Moisés Mansur Cysneiros, amigo cercano de Duarte y buscado por la PGR; Carlos Cabal, de quien hasta el momento no se ha podido establecer su verdadera identidad; José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, a quienes se acusa de la compra de bienes inmuebles, tanto en México como en Estados Unidos.

Igualmente Santa Bartola Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria, representantes legales de las mencionadas compañías.

¡Cuán grandes son los compromisos con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que no se molesta ni con el pétalo de una rosa al ex mandatario oaxaqueño y a su mafia de rateros, a pesar que dejaron totalmente colapsado política y financieramente a la entidad!

Hasta ahora un grueso manto de impunidad cubre al ‘círculo rojo’ de Gabino integrado por sus amigos de infancia y cercanos colaboradores como Jorge Enrique Castillo Díaz, José Zorrilla de San Martín Diego, Germán Tenorio Vasconcelos y Netzahualcóyotl Salvatierra López.

A ellos, se agrega de manera destacada el ex secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, quien se encuentra involucrado hasta la coronilla en el escandaloso saqueo de Oaxaca de la mano de Jorge Enrique Castillo Díaz y del fiscalista Eligio Hernández Carrillo.

Además de los casos más escandalosos del saqueo del presupuesto de educación, salud e infraestructura un rubro poco observado hasta ahora es la venta de 1500 plazas laborales en las diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

En este gran negocio aparece como en muchos otros del gobierno de Gabino Cué la mano negra de Jorge Enrique Castillo Díaz y de Alberto Vargas Varela. La fortuna mal habida de estos dos personajes siniestros está más que documentada, sin embargo, siguen impunes.

La Controlaría del gobierno de Alejando Murat, canceló con carácter de irrevocable las primeras 45 plazas ilegales que se entregaron durante el régimen del ex gobernador Gabino Cué, a personal que no cumplía ninguna función dentro de las áreas de trabajo y se inició un procedimiento sancionatorio contra los funcionarios implicados en la autorización de estos movimientos.

El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Angel Díaz Navarro, hace su mayor y mejor esfuerzo frente a la hidra de mil cabezas de la escandalosa corrupción heredada por Gabino Cué y su mafia de rateros, toda vez que se investigan otras mil 500 plazas entregadas de manera sospechosa.

El proceso de la depuración de la nómina del gobierno estatal inició el pasado mes de diciembre, ante la denuncia que existía por la presencia de aviadores, y de personal irregular.

Detalló que la revisión fue exhaustiva y a fondo, por cada una de la listas de personal de cada una de las  79 dependencias e institutos y organismos descentralizados, detectándose un universo de plazas sospechosas.

Díaz Navarro, dio a conocer que se tomó la determinación junto con la Secretaría de Administración, de empezar a cancelar y rescindir los contratos y plazas autorizadas de forma ilegal por la anterior administración, lográndose en un primer paquete, cancelar las primeras 45 plazas de un universo de mil 500 irregulares.

“Hemos revisado cada una de las plazas que se entregaron antes de que dejara el mando el ex gobernador Gabino Cué y detectamos que una buena parte se entregaron sin cumplir con los mecanismo adecuados estipulados en la ley para asignarlas, por lo que se ha empezado a notificar a las personas que fueron beneficiadas con estas que su plaza fue cancelada y retirada”, indicó.

Además, se ha empezado a fincar un proceso sancionatorio contra los ex servidores públicos involucrados en la entrega de plazas, entre los que figura de manera preponderante Alberto Vargas Varela quien fungió como secretario de Administración en el régimen del ex gobernador  Gabino Cué.

alfredo_daguilar@hotmail.com
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