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Echa Gurrión ‘bolita’ de cárcel a Gabino, a ASE y Contraloría: @efektoaguila

Por: Alfredo Martínez de Aguilar | 14 de marzo, 2017 - 05:46 | Opinión |

La Fiscalía especializada en Delitos Electorales (Fepade) obtuvo orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, por obstaculizar al Instituto Electoral de Veracruz, según lo establece el artículo 7 fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Duarte negó recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral, lo que puso en riesgo el proceso electoral, además de que se trata de la primera orden de aprehensión en contra del ex gobernador Duarte de Ochoa, por delito Electoral.

La nueva orden de aprehensión viene a sumarse al aseguramiento de bienes del ex gobernador de Veracruz, así como al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, mientras en Oaxaca sigue sin avanzar el juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué.

Hábilmente, para lavarse las manos Samuel Gurrión Matías, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca, echa la ‘bolita’ de sancionar con cárcel a Gabino Cué Monteagudo a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Secretaría de la Contraloría.

En el LXI Consejo Político Nacional del PRI, el dirigente Enrique Ochoa Reza exigió a la PGR, que cumpla con las órdenes de aprehensión contra Javier Duarte y los funcionarios relacionados con la entrega de medicamentos alterados y que lastimaron a las familias que los utilizaron. “No acepto en términos éticos que algo así pase, y en términos políticos, nunca permitiré que esa corrupción manche a nuestro partido”, enfatizó.

En nuestra entrega del 26 de febrero escribimos, el artículo 110 de la Constitución federal establece el Juicio Político contra los gobernantes, políticos y servidores públicos corruptos. Pero salvo excepciones, por venganza política, es casi imposible su aplicación.

Por tanto, desde ahora podemos adelantar que, dado el trámite engorroso que implica dicho procedimiento constitucional, Gabino Cué no será sujeto de Juicio Político. Es un ejercicio de creación de escenarios futuros que muy pronto será confirmado por la terca realidad.

Lo peor de todo es que los castigos son de risa, una verdadera burla al pueblo. Las sanciones consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

No obstante, que la actual legislación hace complicado llevar a Juicio Político a los gobernantes y ex gobernantes corruptos, Gabino Cué podría ir a la cárcel por violar derechos humanos al ordenar el desalojo armado en Nochixtlán, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es más que lamentable y doloroso que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados hagan la ley, pero al mismo tiempo hagan la trampa, para garantizarse total impunidad. ¡Qué otra cosa puede esperarse de la mafia de la partidocracia!

Plenamente sabedores de esta cruel y favorable realidad para ellos y desafortunada para el pueblo, Gabino y su mafia de rateros pecan de cínicos con el mayor descaro. No les falta razón al pitorrearse de la demanda que sean encarcelados y confiscada toda su fortuna mal habida.

Sin embargo, hemos repetido hasta el cansancio de manera realmente machacona que la soberbia siempre será mala consejera, mucho más todavía cuando se tiene la cola larga y sucia. Es el caso de Gabino, Germán Tenorio, Pepe Zorrilla, Netza Salvatierra y Alberto Vargas Varela.

La condición indispensable para llevar a Juicio Político a Gabino Cué es que exista la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Alejandro Murat. Al parecer sí existe esa decisión en ambos al incumplir Gabino los pactos en lo oscurito y bajo la mesa.

Al retomar la demanda de juicio político en contra del ex gobernador Gabino Cué, la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado citó a Benjamín Robles Montoya, quien ratificó su denuncia del 30 de marzo del 2016 ante la LXII Legislatura local.

Robles explicó el año pasado que su exigencia de juicio político es por los actos de corrupción que cometió el mandatario estatal en sus seis años de administración. Los recursos destinados a caminos, educación y salud, fueron los sectores en donde mayor desvíos de recursos hubo.

Sostuvo que la pasada administración de Gabino Cué desvió recursos por más de 10 mil 712 millones de pesos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, que informó que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.

"Monteagudo ha realizado estas acciones junto con integrantes de su gabinete como Jorge Castillo y el titular de la Secretaría de Administración, Alberto Vargas Varela", dijo en su momento.

No obstante, el acuerdo de radicación del juicio político de la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca, Samuel Gurrión, señaló que no se tiene avance en la petición de juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué, toda vez que no se tienen evidencias que robó o cometió algún ilícito.

“El juicio político lo solicitaron ante la cámara algún diputado y otros personajes en contra del ex gobernador Gabino Cué, pero desde mi punto de vista no puedo decir que se hará juicio político a alguien de quien no tengo evidencias que robó o cometió un ilícito”, declaró.

Precisó que primero las instancias correspondientes deben dar un dictamen y demostrar que ese personaje robó, cómo lo hizo y, entonces la Cámara de Diputados local podrá llevar el juicio político, ya que mientras no se tenga evidencia concreta no se pueden hacer juicios porque sería irresponsable.

Pero de encontrar evidencia, señaló, “por supuesto que se procederá, porque cualquier hombre o mujer que cometa un ilícito o se robe el dinero del pueblo tiene que ir a la cárcel, pero primero se debe comprobar”.

Dijo que se ha solicitado a las dependencias competentes, Auditoría y Contraloría, para que realicen lo que les corresponde, pero reitero que mientras no se tenga un dictamen de una irregularidad, no se pueden hacer juicios al aire.

“Estoy de acuerdo, si el señor robó que se vaya a la cárcel, pero si no, no se puede juzgar a alguien de manera injusta y más si no se tiene un documento en la mano”.

Si realmente el senador del PRD-PT Ángel Benjamín Robles Montoya quiere evitar que el saqueo de Gabino Cué y su mafia de rateros quede impune y verles en la cárcel debe denunciarles por violar los derechos humanos de las víctimas del desalojo del bloqueo en Nochixtlán al ordenar un operativo armado.

Para saciar su odio y sed de venganza contra su ex amigo, jefe, socio y cómplice, debe reforzar su demanda de Juicio Político contra Gabino, con apoyo en las investigaciones de la CNDH, que le responsabiliza de la muerte de ocho personas y más de 190 heridos.

El senador perredista, petista, sabe que es casi imposible que prospere el Juicio Político contra Gabino Cué por lo engorroso de los trámites del procedimiento, a menos que pesen más las complicidades de los tiempos políticos por venir.

Sin embargo, el ex priista Robles Montoya tampoco ignora que la violación de los derechos humanos se trata de delitos de lesa humanidad, sumamente graves a nivel global que, además, no prescriben en un año como sí ocurre con la demanda de Juicio Político.

El senador Robles tiene la mayor oportunidad de su vida, verdaderamente histórica, de prestar un gran servicio a la nación en general y de manera particular al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Alejandro Murat: meter a la cárcel a Gabino Cué.

Con ello, ayudaría a lavar la cara de la corrupción al PRI y fortalecería sus posibilidades de derrotar a Manuel Andrés López Obrador, a fin que el Revolucionario Institucional mantuviera la presidencia de la República en las elecciones de 2018.

Este adelanto periodístico, de ninguna manera es una locura. Por el contrario, es una posibilidad real a grado tal que el senador del PRD-PT Ángel Benjamín Robles Montoya acordó y negoció apoyar al gobernador Alejandro Murat y, consecuentemente, trabajar a favor del PRI.

Claro, en la vida en general es gratis y menos todavía en política, seguramente el senador Benjamín Robles negoció una diputación federal o local para su amada esposa Maribel Martínez Ruiz.

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