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Inamovible el mercado de armas en Norteamérica

Por: Luis Carlos Ortega | 11 de enero, 2017 - 13:19 | Opinión |

El inminente advenimiento de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos este próximo 20 de enero, está dando un nuevo impulso a legisladores que defienden el derecho al uso y venta de armas en territorio norteamericano, al grado de que a pocos días del cambio de poderes, plantean una propuesta de ley que permitiría la libre portación de armas en espacios aún restringidos para ello como es el caso de centro educativos, aeropuertos o salas de conferencias.

Con el eco aún presente en la memoria colectiva de las balas que segaron la vida de 5 personas en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, sin olvidar las víctimas de Orlando y de otros tantos lamentables incidentes mortales del pasado reciente, la postura del norteamericano común en torno al tema de la posesión de armas sigue sin dar visos de cambio.

Estadísticas relativas al tema señalan que en los Estados Unidos ocurre un tiroteo múltiple cada semana, en tanto que un estudio de la firma Small Arms Survey revela que a la fecha existen alrededor de 270 millones de armas de fuego en posesión de civiles, un escalofriante promedio de casi nueve armas por cada diez habitantes.

El proyecto de ley presentado por el representante republicano Greg Steube, denominado SB140, plantea que ninguna persona pueda ser detenida por el hecho de portar un arma de fuego “con permiso” si no existen pruebas de que el arma haya sido usada para cometer un delito.

Lo anterior muestra lo poco que a la industria armamentista de los Estados Unidos le importa la facilidad con la que se comercializan las armas de fuego, incluyendo sectores de su población que presentan una diversidad de afecciones mentales, traumas, resentimientos sociales, ideologías radicales o severas crisis de racismo extremo.

El poder y los intereses económicos que privan en el sector comercial de las armas, representado por la Asociación Nacional del Rifle, ha constituido siempre un fuerte obstáculo en la búsqueda de implementar mecanismos restrictivos para la venta de armas en el vecino país, con una fuerza tal a nivel de Congreso, que ha sido capaz de derrotar o anular prácticamente toda iniciativa para el control de armamento en los últimos 50 años.

No es para menos si se toma en cuenta que la producción y venta de armas representa uno de los pilares de la economía norteamericana,  con ingresos que en 2014 se calculaban en 43 billones de dólares, una ganancia anual calculada en mil 776 billones de dólares en el ámbito del comercio internacional, y una generación de cerca de 263 mil empleos.

Este vasto margen de ganancia es más que suficiente para que todo intento de normatividad tendiente a restringir o acotar la libre venta de armas en territorio norteamericano encuentre una feroz y bien apertrechada resistencia, bajo el cobijo de la Segunda Enmienda Constitucional, esgrimida hoy en día como un conveniente escudo para salvaguardar la voracidad de los fabricantes de armas.

Las cinco muertes registradas en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, las 49 víctimas mortales de Orlando de 2016, los 32 asesinatos de la Universidad Tecnológica de Virginia de 2007, las 27 ejecuciones de Connecticut de 2012, los 23 decesos de Killeen  de 1991, los 14 ejecutados de San Bernardino de 2015, las 13 personas victimadas en Columbine en 1999, los hechos de sangre de Aurora, Charleston, Red Lake, Oregon, y los miles, miles de muertos generados en los años de violencia en México con el uso de armas norteamericanas contrabandeadas a nuestro país, no son sino “pequeños” y bien calculados márgenes de daño colateral.

Nada de qué preocuparse si además se toma en cuenta que con cada nueva tragedia, las ventas crecen casi al doble ante el temor de que las armas puedan ser prohibidas.

Nada personal, sólo negocios, reza el dicho.