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La Neta

Por: Redacción | 13 de noviembre, 2016 - 00:08 | La_Neta |

Esta semana que termina fuimos testigo de cómo el manejo político de Javier Corral y sus operadores en el Congreso es fino, de precisión, y sobre todo efectivo.

En menos de 48 horas se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pasó por el Ejecutivo, se publicó, se removió al presidente del Pleno de magistrados y se nombró a su reemplazo. Mientras el grupo duartista que controlaba por completo al Poder Judicial ni las manos pudo meter.

Uno de los compromisos de Corral era buscar enmendar hasta donde fuera posible los abusos del poder que se cometieron en los últimos años, y en Chihuahua no podía haber verdadera justicia si no existía legitimidad en quien la impartía.

Hay que recordar que en el 2014 llegaron 13 nuevos magistrados y otros mandos, la mayor parte de ellos eran ajenos al Poder judicial, pero bastante cercanos al entonces inquilino de Palacio de Gobierno.

Los casos más aberrantes fueron los de José Miguel Salcido, a quien se le creó una Sala a la medida – la de Control Constitucional- para que pudiera ingresar al Pleno y de ahí brincarlo a presidente.

El del propio Gabriel Sepulveda, que primero entró como secretario general y luego terminó encabezando el Tribunal Superior; o Jorge Ramírez, otro de los fieles escuderos de Duarte. Y qué decir del “panista” Luis Villegas que entró como parte de una negociación para que los azules no hicieran olas.

Pero quitar a los que estaban indebidamente al frente no es suficiente. El Poder Judicial necesita una verdadera transformación desde adentro. De todos es sabido, que al interior hay varios grupos que se reparten las posiciones, por eso está lleno de hermanos, hijos, cuñados, de las cabezas de dichos grupos.

Es un insulto para las familias chihuahuenses que el presidente del Supremo perciba 165 mil pesos mensuales, un 15% menos que el presidente Peña Nieto; los magistrados perciben 140 mil al mes; el director general 95 mil; y los directores de área y jefes de departamento hasta 65 mil.

Sin contar una enorme lista de prestaciones y bonos adicionales, además de un sobresueldo del 15% para quienes laboran en ciudad Juárez, y del 12.5% para varios municipios de la sierra, por ser zonas de Bajo Desarrollo.

Tales parámetros son insostenibles para uno de los tres Poderes del Estado cuando otro de estos está en quiebra y no tiene dinero ni para la gasolina de las patrullas.

Ejecutivo y Legislativo ya intervinieron para resarcir los agravios que dejó Duarte, ahora tienen la obligación de ir al fondo y hacer que el Poder Judicial se desarrolle de una forma congruente a la realidad de Chihuahua, no basta con cambiar de nombres o colores, de ser necesario hay que refundar todo el sistema de impartición de justicia, de lo contrario está será solo un mito.